SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0817/2018-S1
Fecha: 05-Dic-2018
i)
Considerando que el accionante alega la lesión del derecho al debido proceso a partir de los actos ilegales denunciados, es pertinente señalar que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional, establece que, la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncia el debido proceso, no abarca a todas las formas en que pueda ser observado y denunciado, sino que queda reservada únicamente para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, en este sentido, se identifican dos requisitos concurrentes, sin los cuales no es posible el análisis del debido proceso vía acción de libertad, consistentes en: i) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con el derecho a la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión.
Ahora bien, en cuanto al primer presupuesto, considerando que los actos lesivos denunciados en etapa de juicio oral contra la representante del Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, radican en la falta de consignación de su domicilio real en el memorial de la acusación fiscal, además de una notificación irregular mediante edictos con la acusación particular y posteriores actuados; al respecto, corresponde señalar que dichos aspectos, no tienen vinculación alguna con el derecho a la libertad física del solicitante de tutela, ya que este se encuentra gozando de libertad, por lo que se advierte al efecto, la no concurrencia de dicho supuesto en el caso concreto.
Con relación al segundo presupuesto, de igual forma, no se evidencia con prueba alguna que la parte accionante se encuentre en estado absoluto de indefensión, puesto que, en ejercicio de su derecho a la defensa, se encontraba posibilitado de efectuar la reclamación que consideraba pertinente ante el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, a los fines de resguardo y del restablecimiento de sus derechos alegados como conculcados; circunstancia procesal por la que se constata la posibilidad del efectivo ejercicio de su derecho a la defensa que no fueron ejercidos en la presente causa; correspondiendo a esos efectos denegar la tutela solicitada.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.3. Petitorio
- 1)
- Fragmento 6
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.13.
- II.14.
- No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata.
- en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”.
- Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial
- III.2. El Juez de Instrucción Penal encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación
- "…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP,
- el Juez de Instrucción en lo Penal dentro de la etapa investigativa, es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación, así como de los actos del Ministerio Público y los funcionarios policiales, determinando que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que lesione su derecho a la libertad dentro de dicha etapa, debe inexcusablemente con carácter previo a acudir a este medio de defensa efectuar sus reclamos ante el Juez cautelar
- cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad´
- Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales””
- el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.
- a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”
- JUEVES 11 DE ENERO DE 2018
- III.5.1 En relación al problema planteado en el inc.1)
- III.5.2 Respecto a la problemática planteada en los incs. 2) y 3)
- i)
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