SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0828/2018-S2
Fecha: 10-Dic-2018
concedió
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 26 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 50 a 52, concedió la tutela solicitada, ordenando al demandado la inmediata libertad del accionante, en mérito a los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela fue aprehendido ilegalmente, mediante un mandamiento de apremio que fue ejecutado durante la vacación judicial; no obstante, que mediante Circular 302/2017 de 1 de noviembre, se estableció que los mandamientos de aprehensión de los juzgados, cuyo personal entraba en vacación judicial, quedaban suspendidos, incluso horas antes del inicio de la misma; y, 2) El mandamiento de apremio emitido por el Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de San Julián fue emitido el 17 de noviembre de 2017; sin embargo, el demandante de tutela fue privado de su libertad el 10 de diciembre de 2017, recayendo en un día inhábil; por lo que, el funcionario policial demandado, incurrió en la vulneración de sus derechos a la defensa y a la libertad.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- i)
- en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común
- II.
- V.
- el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos
- principio de verdad material
- no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material
- …la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos
- principio de justicia material
- como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social
- Toda persona tiene derecho a la libertad
- Nadie podrá ser
- para que una restricción al derecho a la libertad
- por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley
- Fragmento 23
- sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio
- Fragmento 25
- inviolabilidad de domicilio, salvo autorización judicial
- participación obligatoria del fiscal
- III
- III.4. De la modulación de la jurisprudencia constitucional respecto a la ejecución de mandamientos de apremio durante la vacación judicial colectiva
- Tribunales Departamentales de Justicia no pueden suspender la ejecución de mandamiento de apremio corporal por asistencia familiar ante las vacaciones judiciales colectivas, siendo que al ser un derecho que recae en la subsistencia de las niñas y los niños
- III.5. Análisis del caso concreto
- REVOCAR
- MAGISTRADO
- Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia
- en su elemento de la inviolabilidad de domicilio, no se constituye en un derecho absoluto, al contrario puede ser objeto de limitación o restricción legal en aras de armonizar el interés particular con el bien común o el interés colectivo, así por ejemplo para asegurar la eficacia de la función judicial y el imperio del orden público; lo que supone que esa esfera de la vida privada de la persona puede ser objeto de injerencia estatal; empero, dicha injerencia debe responder a un motivo justificado y estar previsto de modo expreso en la Ley, lo que significa que corresponde al legislador señalar cuándo y cómo pueden, dictarse por los funcionarios judiciales, órdenes de allanamiento y registro de un domicilio