SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0008/2018-S2

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12 de 16 de septiembre de 2017 cursante de fs. 30 a 33, concedió la tutela ordenando que dentro del término de cuarenta y ocho horas, los Jueces demandados conozcan y resuelvan la solicitud de cesación a la detención preventiva, con los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad ha sido instituida por el art. 125 y ss. de la CPE, como una medida de defensa de los derechos y garantías a la libertad y a la vida, no pudiendo ser vulnerados o infringidos sin una justa razón o previo juzgamiento; ii) La acción de libertad ha sido instituida como una acción tutelar a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que está ilegalmente perseguida, o que está indebidamente procesada o privada de libertad personal, para que pueda acudir ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; iii) El art. 23.I de la CPE, reconoce el derecho a la libertad personal estableciendo que ésta solo puede ser restringida en los límites señalados por ley para el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; el mismo contenido está establecido en los arts. 221 y 222 del CPP; iv) Antes de la modificación del art. 239 del CPP por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, se entendía que para que opere la cesación a la detención preventiva solo debía tenerse en cuenta el transcurso del tiempo, considerando que el imputado no puede ser detenido preventivamente por tiempo indefinido; sin embargo, la jurisprudencia constitucional estableció la necesidad de hacer una valoración integral de los elementos probatorios en la causal establecida en el numeral 3 del art. 239 del CPP, (AC 0005/2006-ECA de 20 de enero y SSCC 0947/2001-R, SC 1506/2005-R y SC 0264/2010-R; v) El extinto Tribunal Constitucional a través de las SSCC 0078/2010-R de 3 de mayo y 0384/2011-R de 7 de abril, estableció que la solicitud de cesación prevista en el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal; vi) La solicitud de cesación de la detención preventiva debe tramitarse y realizarse aplicando los valores y principios constitucionales previstos por los arts. 8.II y 180.I de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio de celeridad entre otros; motivo por el cual, toda autoridad judicial que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma con la mayor celeridad posible dentro de los plazos legales o de un plazo razonable si este no está fijado; y, vii) Al momento, el proceso penal se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, no existiendo a la fecha otro llamado por ley para tramitar la solicitud de cesación a la detención preventiva, misma que debe ser considerada y resuelta aplicando los valores y principios de celeridad, dignidad y respeto a los derechos correspondiendo a este su tramitación y resolución dentro del plazo de cuarenta y ocho de horas de su legal notificación con la presente Resolución.