SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2018-S2

           La misma SCP 0045/2014, estableció los límites a las sanciones por infracciones de tránsito, en ese sentido señala que: “Para una debida comprensión de la libertad desde la perspectiva de la Constitución Política del Estado de 2009, es necesario exponer su alcance; así, las normas previstas por el art. 8.II de la citada Norma Suprema, dispone que el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales. De este modo es que la libertad en todas sus expresiones y vertientes, entre ellas la libertad física de sus habitantes es uno de los sustentos del Estado Plurinacional de Bolivia, y por ello no sólo asciende a la categoría de valor y con ello sustento axiológico de la existencia del Estado, sino que por ese hecho refuerza su carácter de inviolabilidad injustificada por parte del Estado, sus personeros y autoridades, ya que su naturaleza axiológica lo consagra con las características propias de los valores.

Ahora bien, una de las características de los valores, es que pueden ser cumplidos y acatados en mayor y menor medida, ello implica que su cumplimiento es algo que se puede medir; aplicada a la obligación estatal de respetar los valores, como obliga el art. 8.II de la CPE, el valor libertad exterioriza un parámetro de la calidad del sistema estatal boliviano, puesto que a mayor respeto de los valores, más constitucional es el Estado, mientras que la disminución de la vigencia de los mismos, reduce el respeto por las normas constitucionales. Por ello, el Estado, sus normas y sus autoridades, deben proyectar el máximo respeto a la libertad del ser humano en todas sus expresiones, incluyendo la libertad física y personal, pues ello redunda en un mayor cumplimiento de la Constitución Política del Estado, supremo objetivo de este Tribunal Constitucional Plurinacional.