SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0070/2018-S2

En febrero de 2014, realizó un contrato verbal de arrendamiento de un galpón con Joel Ayala Rodríguez –propietario del inmueble ubicado en la calle Incachaca S/N, zona Oroncota de Sacaba– acordando la cancelación de la suma mensual de Bs4000.-(cuatro mil bolivianos) por concepto de alquiler; previa autorización del dueño, hizo instalar un medidor de energía eléctrica y los puntos de corriente, así como el cableado del lote para que funcione como panadería y embutidora de chorizos, estableciendo dicha dirección como domicilio tributario de su Empresa Unipersonal “LS”.

Refiere que, en horas de la madrugada del 5 de octubre de 2017, el demandado a través de actos realizados por mano propia, cerró con candados las puertas de ingreso a su actividad laboral, impidiendo la entrada de sus trabajadores y de sus camionetas, medidas que fueron asumidas sin previo proceso ni orden judicial de desapoderamiento expedido por autoridad pública competente, bajo el argumento que adeuda a su favor cuatro meses de alquiler, acciones con las cuales restringió sus derechos al trabajo y a la actividad lícita de su persona y sus trabajadores, los cuales repercuten en sus derechos a la vida y a la salud, al ser esa actividad su único trabajo y por ende necesario para la subsistencia de su familia, toda vez que, el demandado le despojó y expulsó de su fuente laboral.