SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2018-S1

Merlin Zenteno Gonzales, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta del departamento de Santa Cruz, por informe cursante de fs. 157 a 159 vta., manifestó: 1) Dentro del proceso ordinario, la accionante se apersonó el 2 de octubre de 2012, solicitando se abstenga de ordenar y “realizar” (sic) mandamiento de desapoderamiento; 2) Por Auto de 8 de enero de 2013 rechazó el incidente de nulidad, por el cual -la accionante- solicitó se evite la emisión del mandamiento referido; asimismo, adjuntó documental simple de un proceso ordinario y de un cuaderno de investigaciones en una acción penal; 3) Por decreto de 12 de abril de 2012 ordenó se libre mandamiento de desapoderamiento, el cual no pudo ejecutarse; 4) La accionante interpuso tercería de derecho excluyente, la misma que fue rechazada, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición -bajo alternativa de apelación- concediéndose en efecto devolutivo, cuyo Auto de Vista ordenó que resolviera dicha tercería, emitiéndose por lo tanto una nueva determinación declarándola improbada, por lo que planteó apelación, que a pesar de haber sido concedida no se remitió al superior en grado porque no proveyó los recaudos de ley; 5) Mediante Auto de 12 de marzo de 2014, nuevamente dispuso se libre mandamiento de desapoderamiento, ordenando asimismo la presencia de un perito agrimensor; 6) La ahora demandante de tutela, presentó una demanda ordinaria de fraude procesal, que fue rechazada por decreto de 25 de noviembre de 2015; así también, Newton Sikujara Egües, interpuso otra acción similar, que también fue rechazada por decreto de 19 de enero de 2016; 7) Por Auto de 26 de agosto de 2016, aclaró que el mandamiento podrá ser ejecutado por el Oficial de Diligencias del Juzgado a su cargo, con presencia de Notario de Fe Pública y el perito agrimensor; 8) Cursa acta de desapoderamiento de 4 de septiembre de 2017, firmada por los referidos Oficial de Diligencias y perito agrimensor; 9) El mandamiento de desapoderamiento deviene de un proceso ordinario antiguo que se encuentra ejecutoriado, iniciado conforme al Código de Procedimiento Civil de 1977, en el que se apersonó la accionante como se tiene señalado y no es evidente que su ejecución se hubiera realizado en un lugar donde no correspondía, pues se efectuó con la presencia de un agrimensor, precisamente para evitar que se extralimiten en desapoderar en un lugar diferente; y, 10) La peticionante de tutela no cumplió con el principio de subsidiariedad, siendo éste un requisito de admisibilidad de la acción de amparo constitucional, pues interpuso recurso de apelación contra la determinación que declaró improbada la tercería de dominio excluyente que presentó y no proveyó los recaudos respectivos.