SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0186/2018-s3

Milena Hurtado Apinaye, ex Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Pando; en audiencia cursante de fs. 120 manifestó que: de los antecedentes del caso, “…en ninguna parte se establece el nexo causal para la interposición de este amparo…”(sic). La Sentencia Constitucional 1811/2011 establece la imposibilidad de ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba a través de amparos constitucionales, que son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. En el proceso penal existe un desistimiento de parte de los accionantes Juan Carlos Lujan Hidalgo, Policía asignado al caso en informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) consta que se amplió la investigación contra María Inés Burgos; Jueza que en suplencia legal, una vez realizado el avalúo puso en conocimiento de las partes, y ordenó que por secretaría se proceda a la fijación de honorarios que se adjunta como prueba. Los accionantes carecen de legitimación activa para la interposición de la acción, por cuanto quien debió presentarla es el Ministerio Público, finalizando que se deniegue la tutela declarando la improcedencia conforme al art. 53.II del Código Procesal Constitucional (CPCo).