SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0204/2018-S2

Dentro de este segundo acto lesivo, de acuerdo la Conclusión II.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debe recordarse que el accionante, Víctor Andrés Amayo García, mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2017, se apersonó ante los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, ante quienes manifestándoles que extraoficialmente se llegó a enterar la existencia de una acusación radicada en dicho Tribunal, se apersonó, purgó rebeldía y pidió se deje sin efecto la orden de aprehensión y arraigo dispuesta en su contra y alegando que existen actuaciones pendientes de resolución y que el Ministerio Público no le notificó con el rechazo y sobreseimiento por otros delitos que también le fueron sindicados, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa conforme los arts. 314 y 315 del CPP, pidiendo se anule obrados hasta el Auto de radicatoria. Ese incidente opuesto, mereció el Fallo de 29 de marzo de 2017; por el cual, María Inéz Callejas Quintana, Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, dejó sin efecto la orden de aprehensión y arraigo dispuesto contra el accionante y respecto al incidente de actividad procesal defectuosa decretó que el mismo será considerado en juicio oral en etapa de excepciones e incidentes; bajo ese contexto, el accionante refiere vulneración a su derecho a la libertad por procesamiento indebido.

La activación de la acción de libertad en relación al debido proceso, procederá cuando la violación a este derecho origine o produzca la afectación del derecho a la libertad física o personal. A contrario sensu, ante el evento de verificarse de manera objetiva que las acciones u omisiones que trascienden de un proceso no ocasionan la puesta en peligro el derecho a la vida y a la libertad física o personal, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria, corresponde que sean tratados a través de la acción de amparo constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que hubieran incurrido los demandados, por ser el medio eficaz de otorgación de tutela y no a través de la acción de libertad, precisamente por la naturaleza de esta acción de defensa.

En armonía con lo anteriormente mencionado y conforme las pruebas que cursan en obrados, se puede observar que el accionante el 27 de septiembre de 2017, fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se hallaba privado de libertad (Conclusión II.5) y si bien cursaba en antecedentes un mandamiento de aprehensión y arraigo, el mismo fue dispuesto por declaratoria de rebeldía del acusado, pero fue dejada sin efecto, por Auto de 29 de marzo de igual año, antes de la interposición de la presente acción tutelar, de modo que no es evidente que el ahora accionante hubiera estado o tenga en peligro su derecho a la libertad.

En principio, es pertinente aclarar al respecto a que el citado Auto de 29 de marzo, no fue suscrito y firmado por todo el cuerpo colegiado del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, sino simple y únicamente por María Inéz Callejas Quintana, Presidenta del indicado Tribunal; por tal razón, las otras autoridades codemandadas no tienen legitimación pasiva para ser demandados, correspondiendo la negatoria de tutela respecto a ellos.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y consonancia con la jurisprudencia constitucional supra citada, se tiene que es cierto que la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, difirió la consideración y tratamiento del mencionado incidente planteado por el accionante (Conclusión II.4); empero, dicha decisión al margen de que se halla permisible por art. 345 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, para que el citado Tribunal resuelva hacerlo en sentencia; ello no supone la vinculación directa con el derecho a la libertad. En consecuencia, si el accionante consideró que las autoridades hoy demandadas desconocieron que el trámite del incidente de actividad procesal defectuosa que opuso es de previo y especial pronunciamiento, podía hacer uso de los mecanismos ordinarios de defensa y sólo en defecto de estos, acudir a la jurisdicción constitucional, pero no a través de esta acción tutelar que tiene un objeto y naturaleza distinta, máxime si el accionante se halla bajo libertad irrestricta.