SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0204/2018-S2
Fecha: 22-May-2018
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
El 4 de septiembre de 2014, el representante del Ministerio Público mediante Resolución 057/2014, realizó imputación formal contra su esposa y su persona, por la probable comisión de los delitos de ejercicio indebido de la profesión y falsedad ideológica. Tiempo después; es decir, el 20 de mayo de 2016, no obstante que la citada imputación formal por el “principio de unidad” se hallaba directa e intrínsecamente vinculada a los dos, la autoridad fiscal, en actos conclusivos, pronunció dos Requerimientos distintos; el primero, referido a la resolución de sobreseimiento a favor de su esposa, y el segundo, acusación fiscal en su contra; el primero, fue impugnado por la parte denunciante, el cual no tienen pronunciamiento alguno por el Fiscal Superior Jerárquico, y el segundo, fue presentado el 24 de mayo de 2016, ante los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz –hoy demandados– , quienes sin considerar que existían actuaciones judiciales pendientes de control jurisdiccional y resoluciones fiscales que deben definir su situación jurídica, asumieron competencia y prosiguieron con el trámite respectivo.
Dichas autoridades judiciales, convalidaron defectos procesales absolutos, por cuanto a fin de evitar un doble juicio por el mismo hecho, primero debieron aguardar que se resuelva el sobreseimiento impugnado; y, segundo, estaban obligados a observar que los otros delitos que le atribuyó la fiscalía, tácitamente no pueden quedar exonerados, sino que deben merecer de forma expresa una resolución fundamentada de rechazo o sobreseimiento, como sucedió en la denuncia por el delito de amenazas que se dictó a su favor, el cual, no le fue notificado; es decir, que previo a radicar la acusación fiscal, debieron revisar y efectuar una compulsa de los antecedentes para asumir su competencia o en su defecto disponer la devolución de actuados ante el Juez Instructor, para que este conmine al Fiscal de Materia a efectos de que se pronuncie sobre los otros delitos que le fueron sindicados.
El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 22, 23.I, III y V, 73.1, 115, 116, 117.I y II, 118.I, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (DADH).
- acción de libertad
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- 2)
- ii)
- iii)
- b)
- III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
- Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
- Fragmento 15
- Fragmento 16
- en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”
- En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone
- no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.
- III.3.
- Sobre la supuesta convalidación de defectos procesales absolutos por parte de los Jueces demandados al disponer la radicatoria de la acusación fiscal
- En razón al supuesto desconocimiento de las autoridades demandadas, sobre el incidente de actividad procesal que es de previo y especial pronunciamiento
- CONFIRMAR