SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2018-S3
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2018-S3

Fecha: 18-Jun-2018

denegó


El Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 020/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 141 a 145, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) Por los antecedentes de la demanda, se advierte que todas las denuncias están vinculadas a defectos procesales, incidentes, nulidades en el ámbito jurisdiccional y responsabilidades de los funcionarios judiciales y administrativos por faltas de tipo administrativo disciplinario; denuncias que están en etapa de procesamiento y sobre las cuales no existe todavía pronunciamiento. Todo esto se debe tramitar o activar en la vía que corresponda; es decir, ante los órganos que tienen conocimiento de las denuncias y comisión de faltas disciplinarias por parte de funcionarios judiciales, jueces, o personal de apoyo jurisdiccional o personal dependiente del Consejo de la Magistratura o su Representación Distrital; ii) El art. 125 de la CPE, establece que la persona que considere su vida en peligro, se encuentre ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad, puede interponer la acción de libertad y acudir de manera oral o escrita sin ninguna formalidad procesal ante la autoridad competente para solicitar la tutela de esos derechos, presupuesto  que en este caso no guarda ninguna relación con la presente acción de defensa, por cuanto los actos denunciados son de carácter jurisdiccional, administrativo y disciplinario, éstos tienen que dilucidarse en la vía adecuada llamada por ley; y,    iii) Los elementos del petitorio del accionante, no tienen vinculación con las formas de acoger esta acción de defensa; que puede ser reparadora, preventiva, restringida, correctiva, instructiva, traslativa e innovativa, correspondiendo en todo caso que las sindicaciones descritas se las haga conocer a las autoridades y órganos competentes para el establecimiento de responsabilidades.