SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0268/2018-S2

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo en grado de tentativa, se sometió a procedimiento abreviado en el que fue condenado a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión, por el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-, por lo que el 10 de julio de 2017 solicitó a dicha autoridad judicial la suspensión condicional de la mencionada pena, petición que fue negada a través del decreto de 13 de igual mes y año, con el argumento de que “…al estar ejecutoriada la sentencia perdió competencia, debiendo acudir ante el Juez de Ejecución Penal N° 4, de acuerdo con el art. 19 de la Ley de ejecución penal y supervisión (LEPS)…” (sic), determinación que contradice el art. 428 del Código de Procedimiento Penal (CPP); razón por la que, interpuso recurso de reposición el 21 del mismo mes y año, que fue declarado “no ha lugar” mediante providencia, manteniéndose de esa manera el referido Decreto, providencia que según el hoy accionante vulnera una serie de derechos constitucionales.