SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0359/2018-S1

La Constitución Política del Estado, dispone en el art. 46.I.2 que toda persona tiene derecho, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias; asimismo, el art. 48.I y II, prevén que la normativa social y laboral son de cumplimiento obligatorio, se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador; de igual forma, el art. 49.III, prevé que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.

De esas disposiciones constitucionales, se tiene que el derecho al trabajo debe ser resguardado en aplicación de los principios de protección de los trabajadores. Ahora bien, la normativa de desarrollo diferenció a aquellos servidores públicos que se encuentran bajo la Ley General del Trabajo y el Estatuto del Funcionario Público.

La Ley General del Trabajo prevé en el art. 1, como su objeto determinar con carácter general, los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, aplicándose también a las explotaciones del Estado y cualquier asociación pública o privada, aunque no persiga fines de lucro, salvo las excepciones que se determinen. En ese entendido, habrá que establecer si dicha normativa se aplica específicamente a las relaciones emergentes del trabajo asalariado, y si esta rige en todas las relaciones en las que exista trabajo remunerado; a ese fin, cabe previamente definir las características de una relación de trabajo, para determinar quienes se encuentran en su ámbito de aplicación.