SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0024/2019-S3

De los datos adjuntos y las acciones tutelares ahora analizadas, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra Rolando Iriarte Almanza -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abandono de mujer embarazada, el 20 de marzo de 2018, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa absoluta y nulidad de imputación formal, así como excepción de prejudicialidad, ante la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de la Paz -ahora autoridad demandada-, señalándose audiencia para el 18 de mayo del citado año, siendo suspendida para el 5 de junio del mismo año, y por Resolución 266/2018 de igual fecha, la Jueza demandada resolvió declarar infundado el incidente de actividad procesal defectuosa e infundada la excepción de prejudicialidad, señalándose posteriormente día y hora de audiencia de aplicación de medidas cautelares, para el 20 del referido mes y año; actuado procesal que también fue suspendido por falta de notificación con la imputación formal al imputado.

Posteriormente, el 18 de julio de 2018, el accionante interpuso excepción de incompetencia por razón de materia y solicitó declinatoria e incidente de actividad procesal defectuosa absoluta de nulidad de notificación con la imputación formal; en virtud a ello, la autoridad judicial demandada mediante Auto Interlocutorio 333/2018 de 19 de igual mes y año, rechazó in límine la excepción e incidente planteados.

Ahora bien, revisados los antecedentes del caso, se establece que los aspectos denunciados por el accionante como vulneratorios de sus derechos, no pueden ser analizados mediante la presente acción tutelar, toda vez que, esta se activa cuando la persona considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, conforme establece el art. 125 de la CPE, presupuestos que no concurren en la presente causa.

Asimismo, dichas denuncias referidas al rechazo de las excepciones e incidentes que interpuso por parte de la autoridad judicial ahora demandada; la notificación personal con la imputación formal, así como el trámite que debió observar la misma, de acuerdo con el art. 314.II del CPP, antes de disponer el señalamiento de audiencia de aplicación de medidas cautelares, entre otros aspectos, no se encuentran vinculados directamente con su derecho a la libertad, por lo que no pueden ser objeto de consideración por esta acción tutelar; toda vez que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad no procede en caso de haberse alegado la vulneración al debido proceso, si es que los actos denunciados como ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, no están vinculadas con la libertad o no operan como causa directa para su restricción; es decir que, los actos emergentes del procesamiento, no ponen en riesgo la libertad del imputado y no ocasionan su limitación.

En consecuencia, ante la falta de vinculación de los hechos denunciados líneas arriba, con el derecho a la libertad del prenombrado, y a efectos de reparar y subsanar los supuestos vicios o defectos procesales alegados en los que habría incurrido la autoridad demandada, luego de agotar todos los medios intraprocesales que el ordenamiento jurídico brinda, corresponde su tratamiento a través de la acción de amparo constitucional como medio de defensa idóneo de la jurisdicción constitucional, conforme al razonamiento expresado en el citado Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.