SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0668/2019-S3

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 16 de agosto de 2019, cursante de fs. 79 a 80 vta., señalando que: i) La providencia de 25 de octubre de 2018, que mereció el decreto de 16 de noviembre del mismo año se notificaron debidamente; sin embargo, el ultimo no fue objeto de los recursos procesales franqueados por ley, como ser la complementación y enmienda o impugnación; por lo que, no se agotó el principio de subsidiariedad; ii) La Constitución Política del Estado garantiza que toda resolución es susceptible de recurso de apelación, aspecto que no precluyó; iii) De la revisión de obrados podrá advertirse que la accionante planteó un incidente fuera del plazo previsto en el art. 314 del CPP; empero, con similares argumentos interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, mismo que fue admitido por estar dentro de término establecido; iv) Es innecesaria la consideración de esos extremos; toda vez que, cumpliendo con el control jurisdiccional el 10 de abril de 2019 conminó al Ministerio Público para que presente su requerimiento conclusivo; el cual dio lugar a la emisión de la resolución de sobreseimiento en favor de la solicitante de tutela, no se tiene informe si este fue impugnado dentro de los plazos establecidos por ley; v) En el incidente de 24 de octubre de 2018, en ningún momento la impetrante de tutela argumentó que la declaración informativa presentada el 3 de julio del citado año podría tener carácter sobreviniente ante la presentación de dicho incidente, aspecto totalmente falso; y, vi) Respecto a la fundamentación y motivación, este pudo ser salvado con la interposición de los recursos procesales previstos por ley; si bien, argumentó que no tenía otro recurso ordinario o extraordinario al de reposición, no es menos cierto que la jurisprudencia constitucional estableció que contra los actos procesales que violen, atenten o quebranten sus derechos y garantías constitucionales o alguno de sus principios procesales tienen la facultad para formular los medios de impugnación establecidos por ley.