SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0704/2019-S3

Padece de síndrome de Down, que en la gestión 2013, después de haber sido evaluado por la oficina de discapacidad del SEDES La Paz, se le calificó en un 69%, y en la evaluación correspondiente a la de 2018, en un 40%, dando a entender que su “mal” disminuyó y hubiese mejorado, aspecto totalmente falso debido a que dicha enfermedad es irreversible; lo que hizo su progenitora fue controlar la misma y evitar que se originen otros problemas colaterales a su salud.

Dicho extremo fue reclamado a la Responsable Departamental de la aludida entidad estatal -Francy Marcela Venegas Arzabe-, quien se limitó a señalar que toda valoración por discapacidad la realizaban en base a documentos presentados por los interesados y el proceso de evaluación multidisciplinario, de acuerdo a requisitos y protocolos de situación de minusvalía “BAREMO”, los cuales no eran comparativos y podían variar su porcentaje conforme a los informes médicos respectivos; revisado el expediente no se encontró margen de error; por lo que, no correspondía una recalificación, pudiendo solicitar el mismo ante el Comité Nacional de  Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) del Ministerio de Salud.