SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0704/2019-S3

El accionante por intermedio de su representante, denunció la vulneración de sus derechos a ser protegido por su familia y por el Estado, al acceso de los servicios integrales de prevención y rehabilitación y otros beneficios que se establezcan por ley, toda vez que en la gestión 2013, le determinaron una discapacidad global del 69%; empero, el 2018 se estimó la misma en un 40%; calificación que le impide beneficiarse con el bono de Bs250.- y otros beneficios otorgados a su sector, por cuanto la Ley General para Personas Discapacitadas, condiciona su acceso a dos requisitos, el primero  que no se tenga una relación laboral, y que la calificación sea mayor al 50%. Situación por la que solicitó una revisión de estos parámetros a la Jefa de la UTRAID del SEDES La Paz, quien emitió la Nota Cite GADLP/SEDES/DISCPACIDAD-502/2018 de 15 de noviembre, señalándole que dicha valoración se realizó en base a la documentación presentada por los interesados, por lo que no correspondía su revalorización.