SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1065/2019-S1

mayo, mediante la cual la autoridad judicial demandada determinó la cesación de la detención preventiva del ahora peticionante de tutela, ordenando la aplicación
de medidas sustitutivas como ser la detención domiciliaria, presentación ante la fiscalía para el registro biométrico una vez por semana, la presentación de dos garantes personales y el arraigo, posteriormente el acusado -ahora accionante- se acogió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, habiéndose emitido la Sentencia 21/2019 de 31 de mayo; es decir, después a la aplicación de las medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva; ii) En dicha sentencia, se impuso al impetrante de tutela la pena privativa de libertad de tres años y quince días más costas y reparación de daños, ordenándose también la remisión de obrados ante el Juez de Ejecución Penal y ante el REJAP, así como la notificación de las partes a fin de que puedan hacer uso del recurso que la ley les franquea, habiendo el acusado así como el Ministerio Público renunciado al recurso de apelación, razón por la cual el procesado solicitó se expida mandamiento de libertad a su favor, debido al cumplimiento con la condena que le fue impuesta; iii) El mandamiento de libertad fue emitido y recibido en el centro penitenciario el 10 de junio de 2019, el 19 del señalado mes y año, el peticionante de tutela presentó memorial haciendo conocer a la autoridad demandada que de manera irregular dejó sin efecto el mandamiento de libertad expedido a su favor, debido a la existencia de medidas pendientes de cumplimiento que fueron impuestas; iv) La sentencia pone fin al litigio en primera instancia, en el presente caso la Resolución 21/2019 de 31 de mayo, en la que se le impuso la pena de tres años y quince días de privación de libertad; de los antecedentes se tiene que evidentemente la autoridad demandada vulneró el derecho a la libertad del impetrante de tutela, puesto que dicha actuación se torna en indebida; y, v) Si bien la Jueza demandada refiere que, tiene dificultad para notificar a la víctima, ello no puede ser un pretexto para dejar de cumplir lo que la propia autoridad judicial ordenó, y al haberse sobrepasado el límite de la condena impuesta al acusado -hoy accionante-, indudablemente su detención se torna en ilegal.