SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1096/2019-S1
Fecha: 26-Nov-2019
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Julio Huarachi Pozo, señaló que: No expidieron el mandamiento de libertad, porque están aguardando –puesto que deben estar seguros– de quien será el custodio policial, que desde hace veinte años esa es la línea jurisprudencial que han ido aplicando; por lo que, la accionante debe presentar una certificación del Comando Departamental de la Policía Boliviana de Oruro, indicando el nombre del custodio policial, con lo que se expedirá en el día el mandamiento de libertad, lo contrario sería desconocer numerosas sentencias constitucionales; y, el art. 245 del CPP indica claramente que una vez cumplidas todas las medidas recién se libra el mandamiento de libertad.
José Miguel Vásquez Castedo expresó que: Es evidente que en todos los casos se actúa de esa forma y la accionante no es la excepción; si bien ya se tiene conocimiento que el Comando Departarmental de la Policía Boliviana de Oruro ya designó un servidor público policial pero no se tiene su nombre y al respecto se conoce que se otorga un memorándum al funcionario policial para que realice la tarea respectiva, ello se podía haber solicitado antes de plantear la presente acción de defensa y mover insulsamente a todo un aparato judicial, ya que era suficiente una notificación, para que el Comandante de la aludida institución policial, señale si cuenta con el efectivo o dispondrá la notificación a la Estación Policial Integral (EPI), solo ese trámite administrativo es el que estamos esperando.
Mónica Jazmín Camacho Toco, indicó que: Evidentemente existe una providencia que con carácter previo dispone se notifique o que refiera quién sería el custodio que va realizar la vigilancia esporádica, tal cual ha determinado el Auto de Vista 89/2019, y contra aquella providencia tampoco se ha cumplido el principio de subsidiariedad, por lo cual, no procede esta acción de libertad.
- acción de libertad
- a
- 1)
- i)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 12
- cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado».
- cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales
- la celeridad en las actuaciones judiciales es un principio que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, al disponer que toda persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas que se traduce en el cumplimiento de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico; por lo que, el principio de celeridad adquiere una connotación especial en los procesos en los cuales se encuentra vinculado el derecho a la libertad
- este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación
- el principio de celeridad, encuentra su fundamento en el derecho al debido proceso que debe operar sin dilaciones indebidas y que por mandato de la Constitución debe primar en toda actuación judicial con la finalidad de materializar los principios constitucionales que rigen la administración de justicia y determinan que la misma sea pronta, oportuna y eficaz, lo cual implica que los términos procesales previstos por la ley sean satisfechos…’”
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR