AUTO CONSTITUCIONAL 0402/2019-RCA

En ese sentido, si bien el art. 33.7 del CPCo, establece como requisito de admisión que la acción de defensa interpuesta contenga las pruebas que el impetrante de tutela tenga en su poder, este presupuesto no es sine quanon, ya que, tratándose la acción de amparo constitucional de un proceso tutelar y no así ordinario, el accionante cumple con la carga de la prueba, al indicar el lugar donde se encuentra ésta, teniendo la inexcusable obligación la Sala Constitucional encargada de su tramitación de solicitarla; al respecto, la SCP 0173/2012 de 14 de mayo, estableció que: “…el accionante, a tiempo de plantear el mecanismo de defensa, está obligado a acompañar la prueba en la que funda su acción, o en su caso, ante su imposibilidad, señalar el lugar en la que ésta se encuentra, solicitando al tribunal o juez de garantías que requieran la remisión de la misma a la persona o servidor público demandado, situación que deberá efectivizarse a tiempo de procederse a su citación, debiendo esta última cumplir con lo ordenado, bajo responsabilidad, con mayor razón si se tiene en cuenta que el artículo transcrito en el párrafo anterior, obliga expresamente a la parte demandada, a remitir la información correspondiente; requisito que abarca la presentación de la prueba que se encuentra en su poder”.