SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1029/2019-S4

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…’’′ (las negrillas nos corresponden).

Del entendimiento jurisprudencial glosado, se tiene que la valoración de la prueba constituye una facultad exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, y sólo en caso excepcional, le es posible a la jurisdicción constitucional realizar dicha labor, cuando se advierta vulneración de derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba.