SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1076/2019-S2

Atravesaba problemas legales; razón por la cual, confió a Secundino Poma Quispe -ahora codemandado- las contingencias de una compraventa de un inmueble registrado en oficina de Derechos Reales (DD.RR.) con matrícula 2.20.1.01.0000237, signado como lote 4, Manzana R, ubicado en la avenida Cívica de Caranavi del departamento de La Paz. Una vez adquirida la propiedad y estando en posesión se percataron de la existencia de un proceso ejecutivo seguido por la entidad financiera Fundación para Alternativas del Desarrollo (FADES) contra la vendedora del mencionado bien inmueble, cuyo patrocinante es el mismo abogado Secundino Poma Quispe, quien ejerce la profesión lucrando con terrenos litigiosos, con documentación fraguada, lo cual será investigado por el Ministerio Público al tratarse de delitos en los que participan abogados, formando un verdadero consorcio; dado que, se protocolizó ante Notaría de Fe Pública un contrato de compraventa por adjudicación judicial de bien inmueble a través de la Escritura Pública 543/2005 de 2 de diciembre, suscrito por el “…Juzgado de Instrucción de la provincia Caranavi…” (sic), a favor de María del Carmen Iglesias Alfred, figurando un pago al Banco Mercantil S.A., que resulta una operación falsa, por cuanto contempla un formulario inexistente en las oficinas de Impuestos Internos.

Con esta titularidad falsificada, Secundino Poma Quispe pidió la reivindicación del inmueble y obtuvo un ilegal mandamiento de desapoderamiento, ejecutándose por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Mixto de Caranavi, sin la intervención de los organismos de protección de menores y sin tomar en cuenta que su padre es enfermo de diabetes, cometiendo excesos y abusos, llevándose sus medicinas y privándole de su libertad; sin considerar que no correspondía esa ejecución por estar el referido Juzgado sin control jurisdiccional ante la suspensión de su Juez y no contar con suplencia legal.