SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2019-S4

A su vez la libre locomoción está consagrada en varios convenios y pactos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), cuyo artículo 13 señala que “toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968, que en su artículo 12 indica que: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él...”. [Este derecho y los que con él se relacionan] “no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

Estando establecido que el arresto de funcionarios policiales como sanción disciplinaria constituye una restricción  a la libre circulación, al estar prohibida la salida de un recinto policial por un tiempo determinado para aquellos servidores policiales que sean sancionados con el mismo, es necesario referir que el art. 23.I de la CPE, garantiza el derecho fundamental a la libertad, el mismo se halla refrendado por los arts. 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, también recogido por el art. 7.I de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

En este marco, se tiene que el arresto disciplinario para funcionarios policiales tiene una vinculación directa con el derecho a la libertad de locomoción, siendo que la detención de una persona es únicamente posible cuando reúne los presupuestos estipulados por norma, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en una ley; además de ser presentada oportunamente ante el funcionario competente, razonamiento compatible con lo expresado en diferentes tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad; consiguientemente, los aspectos relativos a su consideración y tramitación pueden ser tutelados a través de la acción de libertad, consagrada en el art. 125 de la CPE y 46 del CPCo, ello sin perjuicio del principio de subsidiariedad excepcional establecido por la jurisprudencia constitucional.