VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0009/2019
Fecha: 14-Feb-2019
I.
Las accionantes cuestionaron la constitucionalidad del art. 314.I del CPP, argumentando que la modificación introducida por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal vació de contenido la garantía constitucional y convencional del debido proceso y las normas de derechos humanos que tienen como base los principios de progresividad, no regresividad, pro homine y favorabilidad; pues limitaron la posibilidad de formular excepciones dentro de los procesos penales, estableciendo que sólo lo pueden hacer en el plazo de diez días computables a partir del inicio de la investigación, vulnerando la primacía constitucional, los derechos a la tutela judicial efectiva y oportuna, así como el de ser oído y juzgado previamente antes de ser condenado o derecho a la audiencia y a la defensa.
La SCP 0009/2019 declaró la constitucionalidad del art. 314.I del CPP, en relación a los derechos a la tutela judicial efectiva y oportuna, al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, respecto a la concesión al imputado del tiempo y medios adecuados para preparar su defensa, con los siguientes fundamentos:
I. Las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente, las cuales podrán plantearse por escrito ante la o el Juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de diez (10) días computables a partir de la notificación judicial con el inicio de la investigación preliminar, sin interrumpir actuaciones investigativas.
- Partes:
- constitucionalidad
- I.
- a)
- b)
- improcedencia
- II.
- partir de la notificación judicial con el inicio de la investigación preliminar
- en la que aún no existe la investigación suficiente y tampoco existe, en la mayoría de los casos, una imputación formal
- 7)
- 2)
- contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2.c de la Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra
- Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de legalidad, argüir de manera fundada cuál es el fin legítimo que pretende conseguir y demostrar que el medio a utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y estrictamente proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del individuo será contraria a la Convención
- cualquier limitación a ese derecho debe respetar el principio de legalidad, pero además, efectuar un juicio de proporcionalidad de dicha limitación
- 3)
- III. CONCLUSIÓN