SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0018/2019-S3

La entidad accionante a través de su representante, denuncia como lesionados sus derechos a la petición, a la defensa, al debido proceso y el principio de seguridad jurídica; alegando que, dentro la solicitud de suscripción del contrato minero de arrendamiento sobre la concesión del área fiscal denominada “BARRENO” que efectuó con COMIBOL: i) Las diligencias de notificación realizadas con las providencias de 7 de febrero y 24 de abril de 2017, emitidas por el Director Regional a.i. Potosí-Chuquisaca de la AJAM son defectuosas, ya que no cumplieron el procedimiento de notificación por cédula ni las condiciones establecidas en los arts. 33 de la LPA y 40 de su Reglamento, no habiendo asegurado la recepción por parte de la empresa accionante y con ello el conocimiento real y efectivo sobre las determinaciones asumidas por la mencionada autoridad minera, provocándoles indefensión; y, ii) Por tal motivo, interpuso los recursos pertinentes; sin embargo, la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAMR-PT-CH/DR/RRR/2/2017 de 17 de agosto dictada por el citado Director es ilegal porque está basada en argumentos insostenibles que buscan sin sustento confirmar la RA AJAMR-PT-CH/DR/RES-ADM/149/2017 de 26 de junio, pretendiendo validar notificaciones ilegales; por su parte, la Resolución de Recurso Jerárquico AJAM/DJU/RRJ/30/2017 de 20 de octubre emitida por el Director Ejecutivo Nacional de la AJAM, convalidó la decisión dispuesta por el inferior sobre la perención del trámite minero iniciado, así como las ilicitudes cometidas contra la Empresa, al no haberse verificado que no se cumplieron las notificaciones de forma efectiva.

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.