SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2019-S2

En mérito a lo comprendido por seguridad jurídica el Tribunal Constitucional refirió que la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, señaló que: “…la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad” (énfasis añadido).

De lo cual se colige que dentro de lo entendido por el principio de seguridad jurídica está la previsibilidad de que la relación entre el Estado y el ciudadano será gobernada por reglas precisas y claras, en especial al orden legal, de manera que se buscará la efectivización de los derechos y garantías fundamentales previstos por la ingeniería constitucional, lo cual está vinculado por lo que debe ser comprendido por Estado de Derecho -el cual está reconocido por el art. 1 de la CPE- siendo que éste enunciado implica que tanto gobernantes como gobernados deben estar sujetos a las normas jurídicas que de los Estados emanan, imposibilitando el actuar arbitrario de los mismos, debiendo éstos estar sujetos a las leyes y a sus Constituciones (Criterio asumido por las SSCC 0982/201-R de 17 de agosto, 0401/2012 de 22 de junio, 1490/2011-R de 10 de agosto, entre otras)