4SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0125/2019-S4

“El 10 de agosto”, se le notificó con la Resolución Administrativa (RA) 28/2017 de 8 de agosto, por la cual se le inició y aperturó un proceso sumario, supuestamente, por haber acudido a su fuente laboral en estado de ebriedad, sin contar con una prueba científica como el análisis de sangre, por otra parte después de los diez días otorgados para presentar prueba, se tomaron declaraciones de cargo sin abrir el periodo de producción de prueba, sin que exista providencia o proveído que demuestre lo contrario, vulnerando de esa forma los derechos al debido proceso y a la defensa, puesto que no se le permitió valorar la prueba que presentó dentro del término establecido por ley, ya que no se produjo la prueba testifical ofrecida y no se fijó fecha y hora para el juramento del perito; al contrario, sin explicarle ni notificarle, se procedió a realizar la toma de declaraciones de forma privada a testigos consistentes en funcionarios de la gobernación, que no fueron propuestos en el proceso sumario, lo que provocó que no pueda hacer uso de la tacha o la contra interrogación, contraviniendo el principio de publicidad establecido en el art. 4. inc. m) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) –Ley 2341 de 23 de abril de 2002–, así como la oralidad y la contradicción.

El 29 de septiembre de 2017, fue notificado con la RA 28/2017 de 25 de Septiembre, la cual fue carente de fundamentación y motivación, así como de elementos jurídicos, probatorios y facticos, puesto que tampoco se le explicó porque no se abrió el termino probatorio para la producción de pruebas y tampoco se pronunció respecto a la toma de declaraciones que fueron propuestas ni admitidas dentro del proceso sumario, no explicó sobre la falta de señalamiento de hora y fecha de juramento de perito y tampoco dio respuesta oportuna a su solicitud de documentación requerida.