Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2019-S1

De lo referido se evidencia que el objeto procesal en la presente acción de defensa, converge esencialmente en una primera problemática que consiste en el petitorio de la parte impetrante de tutela de dejar sin efecto el Acta de 26 de marzo de 2018, en cuyo contenido se determina el beneficio de servicio exclusivo de transporte del Sindicato Mixto ‘Titicaca’ en el municipio de Chua Cocani y de la Cooperativa hoy peticionante de tutela en el municipio de Huatajata hasta el límite municipal pudiendo además sus socios afiliarse a la primera de forma gratuita con la aclaración de que en caso de producirse pugnas entre ambos servicios de transporte, las autoridades suscribientes no se responsabilizarían de las mismas. En el marco expuesto, se concluye que la pretensión de la parte accionante, es que se proceda con la anulación de la referida Acta, al haber sido asumida de forma unilateral, bajo ese contexto, corresponde señalar que este Tribunal no puede proceder a la nulidad de dicha determinación; por cuanto, ello debe ser conocido y resuelto previamente por la autoridad competente, no solo porque la misma tiene como ámbito de aplicación la Ley 165 de 16 de agosto de 2011 -Ley General del Transporte- y normas conexas que determina las responsabilidades, derechos y obligaciones de los operadores del servicio dentro del Sistema de Transporte Integral (STI), sino porque dentro de las atribuciones de la justicia constitucional, no se encuentra la de determinar en forma directa la nulidad de un Acta de entendimiento suscrita en un determinado contexto y con la participación de varios actores que debe ser evaluado dentro los procedimientos establecidos por ley, pues ello es competencia de la jurisdicción ordinaria y solo agotada esa instancia y los mecanismos intraprocesales es que se abre la posibilidad de conocer vulneraciones a derechos fundamentales a través de la presente acción de defensa.

Ello conlleva que, en el caso particular la parte impetrante de tutela no cumplió con la subsidiariedad referida en forma precedente; por cuanto, si bien de manera posterior a la emisión del Acta de entendimiento de 26 de marzo de 2018, mediante memoriales presentados el 2 de mayo y 12, ambos de igual año, acudió sus reclamos ante la Dirección Departamental de Transportes y Telecomunicaciones dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz -como en efecto correspondía- solicitando inicio de proceso administrativo de retiro de tarjeta de operaciones del Sindicato Mixto Titicaca bajo el mismo sustento fáctico y legal que en la presente acción tutelar; incluso, repitiendo su denuncia por escrito presentado el 26 de junio de dicho año, ante la Asamblea Legislativa Departamental de ese departamento a fin de que se respete su derecho al trabajo supuestamente vulnerado; sin embargo, no se advierte que ese procedimiento administrativo de restitución de los presuntos derechos lesionados hubiese sido agotado, lo que evidencia que la parte peticionante de tutela, equivocó la vía para realizar su reclamo, acudiendo a la acción de amparo constitucional de forma directa sin agotar los mecanismos procesales pertinentes e idóneos ya activados en la instancia competente que conforme el art. 21 inc. c) de la Ley General de Transporte, tiene como competencia exclusiva la de ejercer control y fiscalización sobre los servicios de transportes de alcance interprovincial e intermunicipal en el que se encuentra desarrollando sus actividades laborales, de lo que se concluye que el Acuerdo hoy cuestionado en cuanto a sus derivaciones de permisos de servicios y otros vinculado a la finalidad buscada por la parte accionante en cuanto a su anulación ya fue objeto de los medios de defensa ordinarios, previstos en la norma general que regula el Sistema de Transporte Integral y si bien no obtuvo respuesta pronta o favorable, tenía los mecanismos establecidos por ley para efectuar el reclamo correspondiente.

Por tales motivos, en la situación fáctica expuesta, se torna aplicable el entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, referido a la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, adecuándose la problemática concreta a la sub regla prevista en el numeral 2 inc b) de dicho Fundamento Jurídico; es decir, cuando se recurrió a un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite no se encuentra agotado por estar pendiente de resolución. En tal razón, corresponde denegar la tutela solicitada; por cuanto, la problemática objeto de análisis en la presente acción deberá ser resuelta dentro del proceso administrativo iniciado y una vez agotada dicha instancia de persistir la misma, recién acudir a la justicia constitucional para el resguardo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.