SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0158/2019-S2

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se ordene el desalojo de Elizabeth Chávez Eguivar de su terreno; así como la consecuente demolición de la barda que invade la parte Oeste del mismo, en 14.42 m² y sea con el auxilio de la fuerza pública; y, b) Se establezca indicios de responsabilidad civil y penal contra la demandada por los daños y perjuicios ocasionados.

La accionante denuncia la lesión a sus derechos a la vivienda, a la propiedad y a la seguridad jurídica; debido a que, la demandada invadió parte del lote de terreno de su propiedad, construyendo en el mismo una barda; consecuentemente, solicita:    a) Se ordene el desalojo de su terreno; así como la demolición de la barda que invade la parte oeste del mismo en 14.42 m² y sea con el auxilio de la fuerza pública; y, b) Se establezca indicios de responsabilidad civil y penal por los daños y perjuicios ocasionados.

Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el         art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones.