SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0167/2019-S2
Fecha: 24-Abr-2019
1)
Ronald Edwin Sánchez Viscarra, Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, presentó informe escrito cursante de fs. 72 a 76, señalando lo siguiente: 1) Por Memorándum 0057/2018, emitido por la citada institución, la accionante es incorporada a la Policía Boliviana, con el ítem de Policía de Línea, con antigüedad del 1 de enero de 2018, y puesta a disposición del Comando Departamental; a su vez, mediante Memorándum 013/2018, se destina a los nominados en dicho documento a los diferentes Comandos Departamentales de Policía; recibiendo la impetrante de tutela, el Memorándum 1144/2018; por ello, es destinada a cumplir funciones en el Comando Departamental de Pando; 2) En forma posterior, el 20 de marzo del mismo año, la accionante hace conocer su situación de embarazo, pidiendo se deje sin efecto el Memorándum 1144/2018; empero, debía considerarse que, teniendo el Memorándum 001/2018, por el que, se la incorporó, hasta que se emitiera una instructiva y disposición de destinos, la peticionante de tutela no contaba con un destino oficial, estando únicamente a disposición del Comando Departamental de Policía de Oruro, a la espera de asignársele un destino, al igual que el resto de policías recientemente incorporados; por lo que, el Memorándum 013/2018, constituye el primer documento de disposición de destino de la mencionada; aspecto sobre el que, la demandante de tutela tenía conocimiento que podía ser destinada a cualquier parte del país, a fin de cumplir la misión que le es asignada a la Policía Boliviana; 3) La accionante, presentó una solicitud en formato de memorial, una sola vez, fijando domicilio en el Comando Departamental de Oruro, teniendo por ende, la obligación de apersonarse al mismo, a objeto de notificarse con la respuesta, misma que cursaron el 24 de mayo de 2018. En igual sentido, la nota presentada por René Santos Choque Quispe, fue respondida el 4 de junio de ese año; no obstante, resalta que, el mencionado no presenta documentación alguna para corroborar la situación de “concubinato o matrimonio de hecho”, con la hoy accionante; 4) No se afectó el derecho al salario de la demandante de tutela, quien incluso es beneficiada con un bono de frontera, en aplicación de la normativa vigente; 5) En virtud al art. 42 del Reglamento de Personal de la Policía Boliviana, los destinos forman parte del Plan de Carrera de todo servidor policial, concordante con el art. 220 del Reglamento Interno de Funciones para Suboficiales, clases y Policías; y, 6) La impetrante de tutela cuenta con el seguro social brindado por el ente gestor, que en su caso, es la CNS, Regional Cobija; además del seguro de vivienda para los funcionarios policiales destinados a la misma ciudad; por lo que, sus derechos a la salud y vivienda se encuentran garantizados.
En audiencia, los apoderados del Director Nacional de Personal codemandado, aludieron no haberse cumplido la legitimación pasiva de la acción de amparo constitucional, por cuanto su defendido no firmó ninguno de los cambios de destino de la accionante, mismos que fueron suscritos por el Comandante General de la Policía Boliviana, no teniendo su representado, facultades ni atribuciones para aquello. Por otra parte, refirieron no existir lesión alguna a los derechos fundamentales de la impetrante de tutela, a quien no se le bajó el sueldo, sino que éste más bien fue aumentado por el bono de frontera, emergiendo su designación en el destino de Pando, de su antigüedad, manteniéndose a los más antiguos en su Distrito. Añadieron que no se ejercerán represalias contra la accionante y su pareja, siendo el ámbito disciplinario, independiente de la situación descrita en el caso de la impetrante; debiendo considerarse que, la ahora demandante de tutela cumplió funciones administrativas no operativas en Cobija, pese a que los Policías de grados bajos deben cumplir funciones operativas, habiendo considerado su estado de gravidez, cuestión por la que, incluso ya fue beneficiada retornando a su lugar de origen (Oruro). Por último, indicaron que, los Policías son susceptibles siempre al cambio de destino, lo que no afecta de modo alguno los derechos de la accionante.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- i)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- Fragmento 19
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado
- la finalidad de la acción de amparo constitucional es la protección de derechos fundamentales y no el establecimiento de responsabilidades que puede determinarse como consecuencia accesoria de la concesión de tutela pero no puede constituirse en el elemento central de la pretensión procesal
- la sustracción de la materia o del objeto procesal consiste en la desaparición de los supuestos de hecho denunciados a través de la acción de amparo constitucional, luego cuando esto sucede, el juez o tribunal de garantías, no podrá decidir o pronunciar sobre algo que ya no tiene elementos fácticos que lo sustenten; vale decir que el petitorio del que ha devenido es insubsistente
- Con el objeto de no afectar el procedimiento constitucional es preciso señalar que
- Fragmento 25
- Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata
- III.3. Flexibilización de la legitimación pasiva: Prevalencia de la justicia material respecto a la formal, en caso de mujeres embarazadas o que tengan a una niña o niño menor a un año de edad
- es la persona o personas contra las cuales la demanda se dirige; es decir, la persona en cuya esfera jurídica esta resolución está destinada a operar
- en el presente caso, tomando en cuenta las circunstancias y cómo ocurrieron los hechos, debemos hacer abstracción de los formalismos rituales en aplicación, los principios pro actione, pro homine y la justicia material sobre la formal, que establece que en casos en los que se advierta un manifiesta, irreversible y grosera vulneración de derechos fundamentales se debe hacer prevalecer la justicia material flexibilizando esos ritualismos extremos y se repare un derecho manifiestamente y groseramente vulnerado
- III.4. Fundamento de la protección constitucional a la mujer embarazada y de la inamovilidad laboral establecida en su favor hasta el año de nacimiento de su hija o hijo
- La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle
- Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido
- Fragmento 33
- protección que no sólo debe ser entendida en lo que a la conservación de la fuente laboral se refiere, sino que debe entenderse también a la preservación del mismo con el mismo nivel salarial, categoría y lugar de funciones
- pero impide al empleador afectar las condiciones laborales de la mujer trabajadora en estado de gestación
- también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo
- la mujer en gestación, en el puesto de trabajo que implique esfuerzos que afecten su salud, merecerá un tratamiento especial, que le permita desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, sin afectar su nivel salarial ni su condición en su puesto laboral
- se puede identificar claramente dos garantías que tienden a hacer efectiva la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la obligación del Estado de asegurar para ellos las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral (art. 62 de la CPE)
- maternidad
- art. 25 reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares
- todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad
- III.7. Análisis del caso concreto
- Respecto al primer punto demandado de ilegal
- en cuanto al segundo punto demandado de ilegal
- denegar
- REVOCAR en parte
- 2°