SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0373/2019-S2
Fecha: 14-Jun-2019
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A consecuencia del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente -en el que se presentó acusación formal- se encuentra privado de libertad; razón por la que, a través de memorial de 21 de noviembre de 2018 solicitó a la autoridad Fiscal la emisión de requerimientos fiscales a fin de enervar los riegos procesales insertos en el art. 234.10 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en previsión de la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, que determinó que el Ministerio Público, aun exista acusación formal, tiene la obligación de emitir requerimientos fiscales para que el imputado obtenga su libertad.
Por consiguiente, la autoridad demandada mediante decreto de 22 de noviembre de 2018 dio lugar a los requerimientos impetrados; sin embargo, un mes después -21 de diciembre de igual año- cuando le tenían que entregar los requerimientos, por decreto dejó sin efecto la providencia de 21 de noviembre de igual año, impidiendo de esa forma que pueda obtener los documentos necesarios para modificar su situación jurídica.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concedió
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- una vez presentada la demanda, el juez o tribunal de garantías de manera inexcusable debe señalar de inmediato audiencia para considerarla, debiendo tener lugar dentro de las veinticuatro horas de presentada la acción.
- La
- existen acciones de libertad en las que el tiempo entre el que se pronuncia la admisión de la acción y la realización de la audiencia es demasiado corto,
- resulta necesario viabilizar la justicia a través de una práctica que garantice no solo el pleno ejercicio del derecho a la defensa de los demandados en este tipo de acciones sumarísimas, sino también, el pronunciamiento de resoluciones objetivas apegadas a la verdad material de los hechos acontecidos
- las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad
- el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión
- tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad.
- III.3. Análisis del caso concreto
- REVOCAR