SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0394/2019-S1
Fecha: 19-Jun-2019
Sobre la segunda problemática relativa al reclamo de la vulneración del derecho a la defensa
Respecto al reclamo de la notificación mediante edictos municipales pese a conocerse su domicilio real, situación que los habría dejado en indefensión, cabe señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que refiere que la acción de amparo constitucional instituida como una garantía para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regida por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesta mientras no se hubiera hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos o activados estos estuvieran pendientes de resolución.
En ese sentido, de la revisión de antecedentes así como del informe prestado por la autoridad demandada, se advierte que la parte accionante, a más de haber impetrado y exigido una notificación expresa con las actuaciones del proceso administrativo mediante memorial de 17 de diciembre de 2018, en observancia del principio de subsidiariedad, se advierte que en ningún momento impugnaron esa actuación administrativa -notificación irregular- mediante los recursos previstos en la normativa aplicable al caso como es la Ley de Procedimiento Administrativo siendo que conforme la jurisprudencia la presente acción tutelar debe activarse una vez agotados los recursos ordinarios o administrativos ante la autoridad que considere haber causado el agravio, aspecto que hace sea viable denegar la tutela impetrada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- me informó que el memorial se encontraba en la Sub Alcaldía del distrito No.2
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III.1. Diferencia entre el derecho de petición y la pretensión activada dentro de un proceso ordinario o administrativo
- Los contrastes antes referidos advierten claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro un proceso administrativo; mientras la primera es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, es decir, cuando se trata de una pretensión dentro un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso’.
- por lo que, toda pretensión activada dentro de un proceso no puede ser tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición de manera pura y llana, sino se encuentran sometidas a la observación de un procedimiento, a términos y plazos procesales”
- '1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno,
- Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido de manera uniforme y clara que las acciones constitucionales deben ser presentadas cuando se han agotado los medios, recursos o mecanismos de reclamación ante las autoridades judiciales o administrativas, que hubieran causado lesión a derechos y garantías fundamentales.
- concederá el amparo siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados...»
- Fragmento 18
- Respecto a la primera problemática referida al reclamo de la lesión al derecho de petición.
- Sobre la segunda problemática relativa al reclamo de la vulneración del derecho a la defensa
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