SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0404/2019-S2

Fue sometido a un procedimiento abreviado dentro de un proceso penal, en el que, recibió una condena de tres años de prisión, que debía hacerse efectivo desde el 20 de abril de 2016 al 20 de abril de 2019, señaló que al momento de la interposición de la presente acción tutelar, le faltaban 143 días para el cumplimiento total de la pena.

Alegó que, dado que se encontraba dentro de las previsiones de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, presentó ante la Jueza hoy demandada un incidente de Redención de Pena por trabajo, autoridad judicial que mediante providencia de 10 de agosto de 2018 dispuso el cumplimiento del art. 74.III del Decreto Supremo (DS) 26715 de 27 de julio de 2002, denominado Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad. Es así que después de cumplir con los trámites correspondientes, el 24 de septiembre de igual año presentó a la autoridad competente la carpeta de redención, a cuyo efecto, el día siguiente hábil se emitió una Resolución que ordenó la cuantificación de las jornadas laboral, extremo que fue cumplido por Gina Estrada Quiroga, Secretaria habilitada, quien informó que el total de los días trabajados eran 828.

Finalmente, denunció que pese a haber dado cumplimiento a lo ordenado y a todos los requisitos señalados por Ley y que solicitó se emita la resolución de Redención, se le informó de manera verbal que esa etapa no correspondía y que previamente debía elaborarse un informe para posteriormente remitir la carpeta al Ministerio Público a efectos que se emita una Vista Fiscal. Procedimiento que no se encuentra previsto en el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, ni en el DS 26715, sobre el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad; hechos que evidencian que se estarían cometiendo actos dilatorios innecesarios contarios a las disposiciones legales reguladores de la etapa de ejecución penal.