Sentencia Constitucional Plurinacional 0471/2019-S1 de 24 de junio
Fecha: 24-Jun-2019
II.5. Lo resuelto por la
La resolución referida, ahora objeto de esta disidencia, en su Fundamento Jurídico III.2 Análisis del caso concreto, expreso lo siguiente: “De lo expuesto en esta acción constitucional, el objeto de la misma puede centralizarse en la determinación de los Consejeros demandados que -a decir de la parte peticionante de tutela- sin ningún tipo de justificativo decidieron desvincularla de su fuente laboral, confirmando la misma a través de las resoluciones de los recursos de revocatoria y jerárquico que no se refirieron sobre el fondo de su planteamiento concerniente a la aplicación del art. 72 del Reglamento Interno para Personal Administrativo del Órgano Judicial y la línea jurisprudencial establecida respecto al derecho a la vida, a salud y a estabilidad laboral, no habiendo considerado que su despido atenta contra su salud y vida, pues a raíz de ello, se ve impedida de seguir contando con el seguro de salud lo que deriva en la imposibilidad de continuar con su tratamiento y control de la enfermedad.
A partir del planteamiento realizado por la accionante, si bien denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a salud y a la estabilidad laboral, este Tribunal advierte que la base de su formulación radica en la falta de justificativo de la decisión asumida, lo que en los hechos evidencia un reclamo a la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, circunstancia a partir de la cual, el análisis constitucional corresponderá ser efectuado dentro de este marco de cuestionamiento, el cual versará en la verificación de dichos parámetros de vigencia del debido proceso sobre la última Resolución emitida, que en el presente caso, es la Resolución R.J./S.P. 012/2018 de 2 de julio.
- Partes:
- REVOCAR
- agradecer sus servicios
- derecho al trabajo
- Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo
- fuente laboral estable
- en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente
- en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral.
- las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral
- la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías
- en virtud al derecho a la estabilidad laboral, el trabajador tiene la facultad de conservar su lugar de trabajo, en tanto no existan las causas que la ley establece para justificar su despido, previo cumplimiento de un debido proceso
- en el ámbito
- las personas que desempeñan funciones públicas son servidoras y servidores públicos y forman parte de la carrera administrativa
- la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional
- destituirlos cuando concurran causas justificadas según el Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos
- Todas las
- que todos los
- El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para todos los cargos
- No procede la cesación de los servidores administrativos por decisiones discrecionales y unilaterales de las autoridades sin previa justificación contenida en el Memorándum u otro documento de conocimiento del servidor
- ámbito administrativo del Órgano Judicial como área específica de la administración pública
- presupuesto indispensable
- implica la creación de condiciones de vida digna
- 1)
- la persona humana
- II.5. Lo resuelto por la
- i)
- a)
- b)
- c)
- e)
- desempeñando desde el 4 de septiembre de 2014
- Resolución RR/DNRH 003/2018 de 28 de mayo
- Sesión de Sala Plena de 4 de abril de 2018
- POR TANTO
- al no haberse observado en la contratación de la recurrente el proceso de reclutamiento de personal previsto por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del funcionario público ésta no puede ser considerada como funcionaria de carrera, siendo por lo tanto como funcionaria provisoria, sin que pueda acogerse a los derechos de los funcionarios de carrera
- no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción
- servidor público provisorio
- debe quedar establecido que al ser un funcionario provisorio, ocupa un puesto de la carrera administrativa que de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público debe ser institucionalizada, en procura de la especialización y el cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público
- Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional