VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0445/2019-S2

En ese orden, cuando la administración pública no cumple con su obligación de pronunciarse o de ejecutar o emitir un acto administrativo, dentro de los plazos máximos legales otorgados al efecto, genera lo que se denomina el silencio administrativo, inactividad que provoca que sea valorada como una decisión ya sea positiva o negativa, ello con la finalidad de evitar el quiebre del sistema jurídico administrativo. Dicho de otro modo, persigue el objetivo que aún en inactividad, la administración cumpla con su deber de poner fin a los procedimientos administrativos.

Doctrinalmente el silencio administrativo produce uno de los efectos señalados, según sea el caso, ya sea el denominado silencio administrativo positivo o estimatorio, o bien, el negativo o desestimatorio. El primero de ellos, ocurre cuando el administrado acude ante el ente público y éste no se pronuncia sobre dicha petición dentro del plazo máximo establecido en la norma jurídica; se entenderá que dicha omisión implica una aceptación a la solicitud (las negrillas son nuestras).

En este sentido, el silencio administrativo, constituye una verdadera garantía constitucional, puesto que brinda seguridad y certeza jurídica ante la falta de pronunciamiento de la administración dentro de los plazos legalmente establecidos, de manera que el administrado pueda reclamar la aplicación de sus efectos jurídicos también legalmente previstos.