SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0518/2019-S4

La SCP 0732/2018-S4 de 6 de noviembre, citó a la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, que efectuó la integración jurisprudencial sobre la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad señalando que: “…la acción de libertad (…) se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad.

‘1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar´.

Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional” (las negrillas nos pertenecen).

El razonamiento descrito, prevé las circunstancias para la aplicación excepcional de la subsidiariedad en la acción de libertad, para casos en los que su activación esté vinculada a la comisión de delitos y exista actividad de la jurisdicción ordinaria, dentro de la cual, se cuenta con instancias y medios legales expeditos, para la protección efectiva e inmediata de los derechos invocados. En este contexto, es preciso recordar que en virtud a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la jurisdicción indígena originario campesina, también forma parte del Órgano Judicial, en virtud al art. 179 de la CPE y goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, contando con normas y procedimientos propios para el procesamiento de conflictos que se encuentren dentro de su ámbito de vigencia y que rigen su administración de justicia, bajo los cánones de protección a los derechos fundamentales; por lo tanto, no existe óbice para extender el criterio de aplicación excepcional del principio de subsidiariedad, en situaciones en las que, la agraviada o el agraviado en su derecho a la libertad, cuenten con las instancias, normas y procedimientos expeditos dentro de la jurisdicción indígena originario campesina, para denunciar su conculcación ante estas autoridades jurisdiccionales.

En consecuencia, corresponde modular la SCP 0482/2013, que integró el desarrollo jurisprudencial sobre la aplicación excepcional de la subsidiariedad en la acción de libertad, agregando como otro criterio dentro del baremo de presupuestos, los casos en los que se impugnen supuestas actuaciones lesivas al derecho a la libertad, que fueron previamente denunciadas o puestas a conocimiento de autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina, aperturando así, su competencia jurisdiccional y la posibilidad que las denuncias formuladas por el impetrante de tutela, sean resueltas de forma eficaz e inmediata, a través de sus normas y procedimientos propios, en el marco del respeto a los derechos humanos. Por lo tanto: