SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0559/2019-S2

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (énfasis añadido).

En cuanto a los medios de impugnación prontos y eficaces a los que el imputado puede acudir en defensa de sus derechos durante la fase de investigación o etapa preparatoria que se inicia con la denuncia, querella o noticia fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de un delito, se tiene que el Código de Procedimiento Penal ha previsto la figura del juez cautelar como encargado del control de la investigación, autoridad a la que debe recurrir todo sindicado cuando considere que durante el desarrollo de la investigación se han lesionado sus derechos y/o garantías constitucionales por parte de la Fiscalía o Policía Boliviana, ya que conforme al art. 279 del CPP estas instituciones actúan siempre bajo control jurisdiccional. Así, la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, ha establecido lo siguiente: “…el Código procesal de la materia atribuye, en el art. 54.1 del CPP al Juez Instructor la función de ejercer ‘el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código’. A su vez, el art. 54 del mismo Código adjetivo establece que el imputado puede ejercer la defensa de sus derechos y garantías desde el primer momento del proceso…”.

Conforme a los antecedentes procesales cursantes en obrados, se puede constatar que la presente acción tutelar fue interpuesta por el ahora accionante, cuestionando que dentro del caso denominado “ANAPOL”, los Fiscales demandados, emitieron la Resolución de aprehensión en su contra en aplicación del art. 226 del CPP, además de ejecutar el mandamiento respectivo a través del allanamiento efectuado, sin haberlo citado previamente, no obstante de conocer su domicilio real y el laboral, al estar desempeñando las funciones de Vicerrector de la UNIPOL, lesionando de esta manera sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la “presunción de inocencia”.

Ahora bien, los supuestos actos ilegales, en que hubiesen incurrido la Comisión de Fiscales asignados al caso, debieron ser denunciados por el accionante ante la Jueza cautelar, en este caso Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, al estar bajo su control jurisdiccional, para que esta autoridad en ejercicio de sus funciones específicas de control de la investigación y con plenitud de jurisdicción y competencia repare las ilegalidades denunciadas y restituya los derechos lesionados, corrigiendo o anulando las actuaciones cuestionadas donde existan tales vulneraciones y adoptando en su caso las determinaciones que el caso amerite; toda vez que, al haberse ampliado la denuncia en su contra por los delitos de cohecho pasivo propio, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada y uso indebido de influencias dentro del proceso penal denominado “ANAPOL”, su reclamo tenía que haberlo dirigido -como se refirió- ante la Jueza cautelar, para así obtener la tutela que pretende ahora mediante la acción de libertad, en vez de acudir directamente a la jurisdicción constitucional mediante la acción de libertad, que como se vio, no es un recurso sustitutivo o alternativo de los medios ordinarios de defensa que resultan idóneos para la tutela del derecho a la libertad, al existir una previa denuncia, caso en el que se activa únicamente cuando dichos medios no resultaren efectivos y persista la transgresión a este derecho en cualquiera de sus formas, al no haberlo hecho, no se abre el ámbito de protección de esta acción tutelar.