SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0627/2019-S1

En cuanto al segundo presupuesto, no se evidencia que el ahora accionante se encuentre en estado de indefensión absoluta que le impida ejercer su derecho a la defensa, puesto que de obrados se tiene que se encuentra asumiendo su defensa en el proceso penal que se le sigue, habiendo inclusive solicitado salida alternativa de procedimiento abreviado, interpuesto recursos y mandamiento de libertad, por la que, se constata que se encuentra ejerciendo dicho derecho ampliamente; por lo que ciertamente se advierte la  no concurrencia de este segundo presupuesto relativo a la indefensión absoluta.

En consecuencia, la alegada pérdida del cuadernillo de investigación, que de ninguna forma opera como causa directa de la restricción del derecho a la libertad del accionante. Por lo tanto, al no cumplir ambas reclamaciones con el presupuesto sustancial de vinculación directa con los derechos tutelables a través de la presente acción de defensa, corresponde denegar la tutela solicitada.

De acuerdo a la revisión de los datos de la presente acción tutelar, corresponde señalar que la Resolución 03/2019, que resolvió esta acción de libertad por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, en su calidad de Jueza de garantías, fue emitida el 16 de febrero de 2019. En ese sentido, su remisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional recién se efectuó el 22 de marzo de igual año, conforme se tiene a partir de la guía de despacho 77104 cursante a fs. 55 de obrados, esto es en forma posterior al plazo establecido en el            art. 126.IV de la CPE, y art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual dispone que: “La resolución y antecedentes de la acción de defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución”, por consiguiente se advierte inobservancia a la norma procedimental en cuanto a la remisión oportuna de esta acción de defensa al Tribunal Constitucional Plurinacional; consecuentemente, se llama la atención a la Jueza de garantías, para que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento, observe los plazos que rigen a este mecanismo de defensa.