SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0628/2019-S1
Fecha: 25-Jul-2019
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Adma del Carmen Inchausti Nemtala contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta del departamento de La Paz -ahora codemandada-, mediante Auto Interlocutorio 600/2018 de 20 de noviembre, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; empero, la víctima que inicialmente impugnó la citada Resolución, presentó memorial de 26 de igual mes y año, retirando su recurso de apelación incidental y solicitando a la vez la revocatoria de dichas medidas, alegando su incumplimiento porque supuestamente existió una agresión contra ella y su bebé, así como amenazas por “Facebook”, y que no contaría con familia a raíz de un divorcio pendiente, “creándose” riesgos procesales.
Así, en la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas, la Jueza codemandada omitió considerar que la supuesta víctima retiró su recurso de apelación incidental y que fundó sus argumentos en base al art. 247.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, dicha autoridad en sus consideraciones menciona el numeral 3 de la citada norma, señalando que existe un proceso pendiente con imputación formal, misma que no fue acompañada a la solicitud de revocatoria, generándole indefensión, además de ser considerada por la autoridad codemandada sin contar que nunca fue notificado con dicha imputación, disponiendo la revocatoria de las medidas sustitutivas impuestas; por lo que, en la citada audiencia interpuso recurso de apelación incidental.
En alzada expuso como agravios que la Jueza no se pronunció sobre el recurso de apelación de la víctima, que “…si bien ha sido presentada, no ha tenido pronunciamiento…” (sic), entendiéndose que está pendiente; que la nombrada acompañó como prueba un proceso de divorcio en trámite; se adjuntó conversaciones de “Facebook”, donde la amenaza y un certificado médico con un día de impedimento por una supuesta agresión, pero no acompañó la imputación formal de un segundo proceso penal; a pesar de ello, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, no consideraron que existen dos incidentes sobre falta de fundamentación contra dicha imputación y sus actuados emergentes de irregularidades; sin embargo, declararon el recurso de apelación procedente en parte, señalando que la Jueza a quo obró incorrectamente al considerar como prueba la citada imputación por no estar ofrecida a efectos de la revocatoria, y, realizando una reforma en perjuicio, sostuvieron que si la imputación formal no era prueba, pero el certificado médico sí, revalorizando prueba que no fue empleada en la Resolución primigenia, disponiendo así su detención preventiva; Resolución que no se adecúa a la ley y jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sentada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0914/2014 de 12 de mayo y 0276/2018-S2 de 25 de junio, así para aplicar el art. 247.3 del CPP, se valoró un certificado médico, lo que es irracional e ilegal por no cumplir los requisitos formales como su obtención mediante requerimiento fiscal conforme los arts. 13 y 171 del citado Código.
En caso de solicitud de revocatoria de medidas cautelares, la norma exige que sea el acusador quien demuestre la necesidad para aplicar la detención preventiva; además, debe tenerse en cuenta que el inicio del proceso se da con la notificación con la imputación formal y en este caso, no se presentó dicha diligencia en razón a que se realizó el 22 de febrero de 2019, mucho después de la referida audiencia de revocatoria; por lo que, las Resoluciones dictadas por las autoridades demandadas no cuentan con los requisitos de validez para su detención preventiva, ni la carga argumentativa y probatoria, así como el incumplimiento de la debida fundamentación, motivación y congruencia, porque el Tribunal de alzada no se avocó a resolver los puntos apelados ni consideró que la mayoría de los riesgos procesales fueron desvirtuados.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La exigencia de motivación en los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares
- Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares
- el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva
- La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria;
- III.2. El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva
- tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’
- En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes
- III.3. Principio de congruencia
- ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva
- III.4. Análisis del caso concreto
- ii)
- iv)
- v)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- REVOCAR en parte