SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0673/2019-S2
Fecha: 12-Ago-2019
III.4. Análisis del caso concreto
De la lectura de la demanda tutelar, el accionante enfoca su problemática en el hecho que la autoridad demandada, en calidad de Comandante General del Ejército, hasta la presentación de esta acción de tutela, no dio respuesta a su solicitud de inicio de una auditoría y proceso administrativo a efectos de cerrar el cargo de cuenta por la suma de Bs303 804,16.-, aperturado en la gestión 2015 con la finalidad de emplearla para la cosecha y gastos de funcionamiento del Batallón de Producción y Ecología III “Cnl. Eduardo Paccieri”, cuando fungía su comandancia; toda vez que, desde la gestión 2016, no le aprueban los descargos realizados por dicho monto de dinero, supuestamente porque el referido cargo de cuenta habría sido girado a su nombre para gastos de siembra y no para la cosecha; en consecuencia, por error en la denominación del desembolso, no puede cerrar el mencionado cargo de cuenta, lo que se constituye en una limitante para gozar de su derecho de ascenso al grado inmediato superior; consecuentemente, considera que la autoridad demandada lesionó sus derechos de petición y de acceso a la justicia.
Asimismo, cabe señalar que la autoridad demandada asumió defensa en esta acción de defensa, indicando que la denuncia y consecuente solicitud de auditoría, efectuadas por el impetrante de tutela a través del memorial de 14 de mayo de 2018, merecieron la debida atención y tratamiento, señalando lo siguiente:
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- 1)
- i)
- ii)
- iii)
- iv)
- vi)
- vii)
- ix)
- concedió
- concedió en parte
- a)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Legitimación pasiva en caso de sucesión o cambio de autoridades
- III.2. Sobre el
- Fragmento 23
- Fragmento 24
- alcanzando a cualquier autoridad o servidor público
- SCP 1995/2010-R
- Respecto a personas particulares
- III.3.
- III.4. Análisis del caso concreto
- 2)
- 14 de mayo de 2018
- de 14 de mayo de 2018
- CONFIRMAR en parte
- MAGISTRADO
- la cesantía de servidores públicos que hayan originado el acto u omisión indebida, no implicará incumplimiento en etapa de admisibilidad de la exigencia plasmada en el art. 77.2 de la LTCP cuando no se identifique el nombre de la nueva autoridad en ejercicio de una determinada función pública, en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una efectiva tutela constitucional, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales; asimismo, para cumplir con la teleología del art. 77.2 de la LTCP, se tendrá por cumplido este presupuesto, cuando además se precise el domicilio asignado para el ejercicio de dicha función pública
- lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho
- la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- el Estado está obligado a resolver la petición
- la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla
- cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable
- además de motivada.
- se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba
- el plazo previsto por Ley