SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2019

Posteriormente, en base a dicha solicitud, el Juez Público, Civil y Comercial Noveno de la capital del departamento de Tarija, a través del Auto de 27 de julio de 2016, declinó competencia para conocer la demanda interpuesta por razón de materia, disponiendo que la causa sea remitida ante el Juzgado Agroambiental competente, alegando que en la demanda de reivindicación se estableció que el terreno objeto de litigio se encontraba fuera del radio urbano municipal; y que el art. 39.8 de la Ley LSNRA, modificado por el art. 23 de la Ley 3545, establece como atribución del Juez Agroambiental, conocer acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, entre las cuales se halla la reivindicación; y en el presente caso estaría acreditado que existe una disposición emitida por el INRA, conforme se tiene de la Resolución Administrativa RA-TJA 100/2015 en calidad de medida precautoria sobre el mismo inmueble; asimismo, señaló que estaría reconocida la competencia de la Jurisdicción Agroambiental sobre el referido inmueble, tomando en cuenta el Asiento A-2 de la Matrícula Computarizada 6011370000003 que fue ordenado por el “Juez Agrario” dentro de un proceso en acción reconvencional por mejor derecho. Así enviada la causa ante la “Jueza del Juzgado Agroambiental de Tarija”, la demanda de reivindicación y resarcimiento de daños y perjuicios, fue aclarada por Noé David Arias Peredo, procediendo el 15 de noviembre de 2016, dicha autoridad a admitir el proceso, señalando que se tenía por cumplidos los requisitos establecidos por ley y con la competencia asignada por el art. 39.8 de la LSNRA, modificada por el art. 23 de la Ley 3545; de donde se advierte que el caso fue asumido por la jurisdicción agroambiental de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, determinando en base a ello su competencia bajo el criterio de territorio y materia, calidad que como se señaló en la última parte del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional no puede ser mutada como consecuencia de situaciones sobrevinientes, como en el caso concreto que a consecuencia de renuncias y excusas de los jueces que conocieron el proceso, el 28 de noviembre de 2017, la Jueza Agroambiental de Entre Ríos del departamento de Tarija, radicó la causa en su Juzgado, disponiendo que previamente a tomar cualquier determinación, se cuente con informe de la Dirección de Ordenamiento Territorial del GAM de Tarija respecto a si el inmueble objeto del proceso se encontraba dentro de la mancha urbana; sin embargo, luego de que esta autoridad se excusara del conocimiento de la causa, así como el Juez Agroambiental de Bermejo del citado departamento, Ángel María Reyes Serrudo, finalmente el proceso pasó a conocimiento del Juez Agroambiental de Yacuiba de igual departamento, Marco Antonio Torrez Saracho, para posteriormente, el 19 de abril de 2018, la parte demandada suscitara ante dicha autoridad, declinatoria de competencia, alegando que: a) La Jueza Agroambiental de Entre Ríos del referido departamento dispuso remitir oficio a la mencionada Dirección para que informe si el inmueble objeto de la litis se encontraba dentro del radio urbano de esa ciudad, siendo el motivo determinar la competencia de la jurisdicción agroambiental; y, b) A fs. 668 del expediente agrario se encuentra la Certificación U.L.T.-046/M.O.-010/2018, emitida por la Dirección General de Ordenamiento Territorial del citado municipio, en la que consta que la totalidad del bien inmueble quedaba ubicado dentro del radio urbano de la ciudad de Tarija, aprobado por Ley Municipal 110 y homologada por Resolución Ministerial 152/17 (fs. 663); lo que suscitó que por Resolución de 21 de mayo de 2018, el Juez Agroambiental de Yacuiba de dicho departamento, se apartara del conocimiento de la causa y declinara su competencia ante el Juzgado Público Civil y Comercial de Turno del referido departamento (Juez Público Civil y Comercial Noveno de la capital del precitado departamento); autoridad que de la misma manera, por Auto de 18 de junio de 2018, se declaró incompetente por razón de jurisdicción para conocer el proceso “agrario de reivindicación” seguido por Noé David Arias Peredo y Walter Martínez Figueroa contra Gabriela Josefa Ponce y Otros.