SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0826/2019-S4

En el caso de análisis, la problemática radica en que la accionante sostiene que existió vulneración del derecho al debido proceso, que deriva en una persecución y procesamiento indebido, una incorrecta valoración de la prueba y restricción del derecho a la defensa, directamente vinculada a su libertad –por existir la probabilidad de restringir de forma parcial o total su libertad personal–, en razón a que la Jueza, hoy demandada, no ha valoró ni permitió producir, la prueba documental y testifical, al momento de resolver las excepciones e incidente planteados, declarándolos infundados, denegando y coartando sus solicitudes en audiencia e incurriendo en dilación procesal al no remitir en plazo las apelaciones al superior en grado. Al igual que el Fiscal de Materia –hoy codemandado–, quien sustentó una imputación formal en su contra, carente de objetividad, al no haber valorado o producido las pruebas de descargo requeridas, basada en fotocopias simples y declaraciones testificales que no demostraban la comisión del hecho delictivo atribuido, requiriendo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin considerar su condición de persona de la tercera edad.

Previo a ingresar al análisis del problema planteado, corresponde delimitar el campo de actuación del examen a realizar a través de esta acción de defensa, estableciendo en primera instancia si se cumple o no con los presupuestos de activación de la tutela solicitada, cuando se denuncia la vulneración del debido proceso vía acción de libertad conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico precedente.