SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0876/2019-S2

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a raíz de la ocupación ilegal de los terrenos del parque industrial que son de su propiedad, por parte de un grupo de persona, planteó acción de amparo constitucional en su contra, la cual le fue concedida inicialmente a través de la Resolución 82 de 21 de septiembre de 2010, emitida por el Tribunal de garantías, misma que en revisión fue confirmada por la SCP 1183/2012 de 6 de septiembre, a cuyo efecto fue emitido el mandamiento de desapoderamiento ejecutado por el Oficial de Diligencias con el auxilio de la fuerza pública y del Ministerio Público.

Como consecuencia de la ejecución del referido mandamiento, el 26 de enero de 2016, los expulsados presentaron denuncia penal contra de los servidores públicos del citado Gobierno Autónomo Departamental, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y otros; proceso en el cual, la Fiscal de Materia (Mabel Andrade Molina), mediante Resolución de 15 de julio de 2017, dispuso la anotación preventiva del inmueble registrado con matricula 7011060000538 de propiedad del indicado Gobierno Autónomo Departamental, determinación que fue ratificada por Auto Interlocutorio 191 de 22 de septiembre de 2017, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la capital del departamento de Santa Cruz, cual si fuera un bien de propiedad de los imputados. En ese sentido, interpuesto el recurso de apelación incidental, el mismo fue resuelto por Auto de Vista 123 de 29 de junio de 2018, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, ratificando la resolución de primera instancia.