SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2020-S2

Como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la petición, es diferenciado de toda forma de pretensión que pueda contener una demanda o un recurso de impugnación ambos como parte de un proceso sea este administrativo o judicial; puesto que, el primero es un derecho que se protege de manera directa; y la segunda una pretensión inserta en una causa que cuenta con un procedimiento, plazos y otros elementos del debido proceso que no pueden ser tratados por los alcances del citado derecho; por lo cual, este no puede ser invocado dentro un proceso judicial o administrativo para solicitar a una determinada autoridad la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley, ya está constreñida a realizar.

Bajo ese entendimiento, el memorial de 23 de julio de 2019, que a decir del accionante no contaría con respuesta del demandado no resulta una petición independiente pues a través de ese escrito pretende que se inicie el proceso administrativo que planteó; en ese sentido, en el petitorio del señalado escrito, indica “…formalizo la presente acción administrativa, con las edificaciones consistentes en muro perimetral externo, ubicada en la propiedad urbana de los ciudadanos Miguel Tomelic Vaca y Edwin Abel Alcon Ibarra, pidiendo la declara clandestina y por efectos de la reivindicación del patrimonio público, intime a los propietarios a su demolición, bajo advertencia de tomar las acciones administrativas y/u ordinarias para el mismo objetivo” (sic); por otro lado en dicho escrito, se impugnó un acto administrativo concreto consistente en la línea nivel y/o plano de ubicación y uso de suelo; como se puede advertir, la demanda administrativa contiene lineamientos que se hallan descritos en la Ley de Procedimiento Administrativo; que cuenta con un trámite propio, y teniéndose definido que en el presente caso, no se procura la satisfacción del derecho de petición, sino la concreción de una pretensión a través de la emisión de una decisión dentro de un procedimiento administrativo, el que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 antes descrito, no puede considerarse como vulnerado; consiguientemente, al no estar la primera problemática reclamada dentro de los alcances del derecho de petición, conforme se tiene del entendimiento jurisprudencial descrito en el presente fallo constitucional; sin ingresar al fondo corresponde la denegatoria de la tutela.