SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0738/2020-S3

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, “a la seguridad jurídica” y a la impugnación; en razón que fue rechazada su solicitud de cesación de la detención preventiva en audiencia de 29 de abril de 2020, por consiguiente planteó recurso de apelación incidental en el mismo acto procesal conforme al art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173; sin embargo, hasta la interposición de esta acción tutelar no se remitieron los antecedentes ante el Tribunal de alzada, transcurriendo doce días desde su presentación.

             La SC 0900/2010-R de 10 de agosto, reiteró lo citado por la                        SC 0224/2004-R de 16 de febrero, que estableció: “ʽ(…) toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitudʹ” .

Asimismo, la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, ratificó lo citado en la  SC 0387/2010-R de 22 de junio, que expresó: “ʽ…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febreroʹ” .

En similar sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, refirió que: “…todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado” (las negrillas fueron añadidas).