SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0774/2020-S2

Jorge Luis Sotelo Beltrán, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, remitió informe escrito el 18 de febrero de 2020, cursante de fs. 18 a 19, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El accionante fue sentenciado por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del referido departamento, cumpliendo una suspensión condicional de la pena; 2) Una vez que emitió el Auto Interlocutorio de 29 de enero de ese año, fue objeto de denuncia en la vía disciplinaria y ahora en la presente acción de amparo constitucional; las partes presentaron varios memoriales, donde se les exhortó aguardar que el expediente se encuentre corriente en la foliación; y, en las últimas resoluciones se manifestó que, todas las piezas procesales serían remitidas a la citada Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por cuanto la reparación del daño, es de acción privada, no pública; 3) No existen detenidos en esa demanda, sorprende la figura de la subsidiariedad, cuando el accionante no dijo nada, ni con recurso de reposición o a través de la complementación; 4) El 11 de febrero del año aludido, se apersonó Herlan Ricardo Eid Rivero, abogado del ahora demandante de tutela, a reclamar su apelación de forma verbal, se le informó de los problemas con la foliación, pidiéndole se personen el 20 y 21 de febrero de igual año, a sacar fotocopias al ser más de nueve cuerpos, situación que hasta la fecha no se materializó; 5) Conforme el art. 387 del CPP, el recurso de apelación es en efecto devolutivo, y como hay pedido de ejecución de embargo de la otra parte, se emitió Resolución judicial indicando qué piezas remitirían al Tribunal superior; y, 6) El accionante no está detenido, el proceso es de acción privada.

Complementando lo señalo, la SC 0010/2010-R de 6 de abril[1], razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y, la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; dicho entendimiento fue ratificado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero en el Fundamento Jurídico III.2.