SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0795/2020-S2

Interpuso un proceso social sobre pago de beneficios sociales ante el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en razón de haber trabajado como “Gerente de Comercialización” de la Urbanización “San Martín” y al producirse la ruptura laboral, acudió a estrados judiciales a objeto de la cancelación de sus derechos y beneficios sociales. Es así que, luego de los trámites de ley, se emitió la Sentencia 38 de 25 de enero de 2018, que declaró probada en parte la demanda, disponiendo el pago de                    Bs2 324 210,20.- (dos millones trecientos veinticuatro mil doscientos diez 20/100 bolivianos).

Contra dicho fallo, el ahora tercero interesado, José Ronald Añez Rivero, interpuso recurso de apelación; instancia en la que se dictó el Auto de Vista 53 de 27 de junio de 2018, por el que revocó la Sentencia apelada, declarando improbada la demanda, argumentando que no existió vínculo laboral, sino una relación civil; fallo que al causarle agravios, motivó que plantee recurso de casación en la forma y en el fondo; que fue declarado infundado a través del Auto Supremo 010/2019 de 7 de febrero, emitido por los Magistrados de la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales, al no encontrarse motivado, justo ni coherente, negándole sus derechos laborales.