SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0829/2020-S1
Fecha: 08-Dic-2020
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2014, suscribió con la madre de su hijo un acuerdo transaccional de asistencia familiar, obligándose a depositarle Bs300.- (trescientos bolivianos) mensualmente, el cual fue homologado en el entonces Juzgado de Instrucción de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, monto que fue depositando a la cuenta bancaria de la antes nombrada en el Banco Nacional de Bolivia (BNB); asimismo, en noviembre de 2016 suscribió otro documento de incremento de asistencia familiar de Bs700.- (setecientos bolivianos); sin embargo, debido a los problemas que tuvo y a su estado de salud, acordaron verbalmente que le depositaría Bs400.- (cuatrocientos bolivianos) cada mes, monto que fue cancelando hasta que ya no pudo hacerlo porque dejó de trabajar debido a su estado de salud y tres accidentes de tránsito en un año; por ello solicitó a la madre de su hijo un plan de pagos para cumplir la asistencia familiar, habiendo reunido su familia Bs3 000.- (tres mil bolivianos).
Refirió que el Juez Público de Familia Decimosexto de la Capital del mencionado departamento -ahora demandado-, emitió mandamiento de apremio en su contra, cuya tramitación no fue de acuerdo a procedimiento y el 13 de marzo de 2020, un funcionario policial le traslado de la parada del radio móvil donde trabaja al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz sin darle explicaciones ni escucharle; por lo que, el 17 del mismo mes y año, presentó un memorial ante el citado Juez solicitando la emisión de oficios al BNB para que le extiendan un extracto histórico de los depósitos efectuados, que no fue ordenado hasta la fecha de emisión del “Decreto Presidencial 4200” (sic),que declaró cuarentena total, existiendo negligencia y retardo judicial, sin tomar en cuenta su estado de salud y dolencia, haciendo caso omiso el Juez demandado a dicha solicitud.
Señaló que, de acuerdo a la ecografía abdominal que adjuntó a esta acción tutelar, el médico explica que tiene agenesia del riñón izquierdo y el derecho lo tiene levemente aumentado de tamaño -riñón grasoso-; razón por la que, en varias oportunidades le recetaron medicamentos y debido a que ahora se encuentra recluido en el indicado Centro Penitenciario, su salud se fue deteriorando hasta el punto que le diagnosticaron “idenefrosis” (sic), probablemente insuficiencia renal a descartar; motivos por los que, interpone esta acción de libertad de pronto despacho, por vulneración del derecho al debido proceso restringiendo su libertad, encontrándose delicado de salud de acuerdo al certificado médico del referido Centro Penitenciario, sin poder recibir el tratamiento que recibía, encontrándose en peligro su vida.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.9.
- derecho a la vida
- SC 0160/2005-R de 23 de febrero[1]
- En el caso de vulneración al derecho a la vida, protegido por la acción de libertad, procederá esta acción de forma directa y sin necesidad de agotar otra vía.
- para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional
- III.2. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución Política del Estado
- celeridad,
- el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios
- la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una
- III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
- preventivo
- Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho
- En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia
- Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible
- no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva
- Eventual apelación del Ministerio Público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad
- b)
- c)
- d)
- es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación
- normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución
- cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones
- igual dignidad de las personas
- derecho a la dignidad
- valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior
- III.5. La acción de libertad en su modalidad instructiva
- incluyó la acción de libertad instructiva en la jurisprudencia constitucional
- SC 2468/2012 de 22 de noviembre
- si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva
- ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción
- i)
- Primera problemática
- Segunda problemática
- el plazo de veinticuatro (24) horas
- REVOCAR en parte
- 1° CONCEDER
- MAGISTRADA
- el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración
- corpus traslativo o de pronto despacho
- el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda
- de tres días hábiles como máximo
- ;
- Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
- vida está en peligro.
- la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
- a falta de pruebas, se tienen por ciertos los extremos denunciados en la acción de libertad cuando la autoridad o persona demandada no asiste a la audiencia ni presta su informe de ley, o cuando en audiencia, o en su informe, confirma los actos denunciados de ilegales