SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0901/2020-S3

           El impetrante de tutela denuncia la vulneración de los derechos invocados en la presente acción de defensa, señalando que el Rector de la UABJB no dio cumplimiento a la Conminatoria 05/2018; a través de la cual, el Jefe Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, ordenó a la autoridad hoy demandada reincorporar al peticionante de tutela a su fuente laboral, más el pago de salarios devengados, bonos de natalidad, prenatal, lactancia devengados y demás derechos que le correspondan, tomando en cuenta la fecha de su ilegal despido.

           De los datos adjuntos a la presente acción de amparo constitucional, se tiene que por Memorando 067/15, el entonces Rector de la UABJB nombró y posesionó al accionante en el cargo de chofer III, dependiente de la Dirección Administrativa de la señalada Universidad; así también, Herlín Paz Avaroma, Director Jurídico, por Informe 251/2018 de 7 de junio, dirigida a Miguel Ángel Saavedra Subirana, Director de RR.HH. -ambos de esa Casa Superior de Estudios-, recomendó la apertura de un proceso interno contra el impetrante de tutela y Leonardo García Jiménez por abandono de funciones (Conclusiones II.1 y II.2).

           En ese escenario, siendo que se procedió con la desvinculación laboral del peticionante de tutela, únicamente en función a una recomendación de apertura de proceso interno, el nombrado recurrió a la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, solicitando la reincorporación inmediata a su fuente laboral. Denuncia que mereció la emisión de la Conminatoria 05/2018; a través de la cual, la precitada autoridad administrativa en función al Informe MTEPS/JRTR/WMC/003/2018, determinó conminar al hoy demandado a efectos de que proceda con su reincorporación laboral, más el pago de salarios devengados, bonos de natalidad -prenatal y lactancia- y demás derechos que le puedan corresponder tomando en cuenta la fecha de su despido y la de su reincorporación efectiva, con el argumento central que el Informe 251/2018 no constituye un documento de desvinculación y porque la parte demandada únicamente invocó causales de despido en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, sin demostrar de forma fehaciente proceso legal alguno en su contra (Conclusiones II.3 y II.4).