AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2020-O

En el marco de ese entendimiento justamente el ACP 0037/2019-O de 2 de septiembre, luego de remitirse al procedimiento dispuesto para las denuncias de incumplimiento o sobrecumplimiento, determinó y estableció precisiones de importancia de la fase de ejecución, al sostener: “La línea jurisprudencial expuesta determina de forma clara el procedimiento a seguir en caso de quejas por incumplimiento o sobrecumplimiento, resaltándose el hecho de que la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, independientemente de que resuelva a favor o contra del activante de queja, debe ser notificada a las partes, a objeto de garantizar a las mismas la posibilidad de impugnación de esa decisión, ello implica que no solo quien activó la queja puede impugnar la resolución sino también la parte procesal que hubiese sido notificada con esa determinación y considere que la resolución del juez o tribunal de garantías genera a su vez un incumplimiento o sobrecumplimiento, situación que corresponde ser dilucidada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, previa -se reitera- la exteriorización de esa circunstancia a través de la impugnación correspondiente en los términos fijados por el procedimiento descrito en la jurisprudencia constitucional” (las negrillas nos pertenece).

Ahora bien, teniendo claro que la parte accionante puede hacer uso de la queja por incumplimiento y la parte demandada la queja por sobrecumplimiento, respecto a los terceros interesados la SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero, sostuvo que: “…se debe establecer inicialmente como una consecuencia razonable y lógica, que los sujetos procesales -accionante y demandado- tienen la legítima potestad de reclamar o exigir el cumplimiento de los fallos constitucionales en acciones de defensa ante la misma autoridad que las dictó, ya sea por incumplimiento o por sobrecumplimiento, según corresponda.