SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0036/2020-S3

Precisados los antecedentes y conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad; en ese sentido, una de las subreglas para la aplicación del principio de subsidiariedad se da cuando el Fiscal de materia comunica el inicio de la investigación al juez de instrucción penal y ante una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía Boliviana, el accionante antes de acudir a la jurisdicción constitucional debe, en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

En el presente caso, se colige que, al momento de la denuncia por parte del accionante de la supuesta ilegal privación de libertad durante cuarenta horas y cinco minutos sin contar con ningún mandamiento emitido para tal efecto, ya existía un proceso penal en curso, cuya sustanciación se encuentra a cargo de la Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; por lo tanto, en consideración a la jurisprudencia constitucional citada y a los arts. 54.1 y 279 del CPP, que reconocen la competencia de los jueces de instrucción penal para ejercer el control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación dentro de las fases que componen la etapa preparatoria, respecto a las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Boliviana, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, entre las cuales se encuentra el derecho a la libertad, debe acudir ante esa autoridad.

De esa manera, en el caso en análisis al existir un inicio de investigación contra el hoy accionante correspondía que acuda ante la autoridad a cargo del control jurisdiccional del proceso, la cual, inclusive ya se encontraba plenamente identificada al momento de la presentación de esta acción tutelar, quien además expidió a su favor el mandamiento de libertad de 25 de julio de 2019, denunciando todos los hechos que fueron manifestados a través de la presente acción de libertad; por cuanto, conforme se tiene establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo, antes de acudir a la justicia constitucional mediante la acción de libertad, se deben agotar los medios idóneos, inmediatos y eficaces intraprocesales, y solo en caso de la autoridad judicial no hubiere reparado la presunta lesión alegada, debió presentar su reclamo ante la justicia constitucional a través de esta acción de defensa; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.